DR. MARTHA CECILIA CEDEÑO PEREZ, HABLA SOBRE VIOLENCIA MACHISTA EN DIFERENTES ÁMBITOS IV

Para concluir con el resumen del trabajo que ha venido realizando la Doctora en antropología Martha Cecilia Cedeño, sobre los direferentes temas de Violencia en el ámbito Sociocomunitario, os presento la última presentación que ha realizado al respecto.

Isabel Gómez

domingo, septiembre 20, 2009


Tipos de violencia en el ámbito sociocomunitario (IV): Los matrimonios forzados

Enlaces de violencia: los matrimonios forzados

"El matrimonio forzado es una forma de violencia doméstica y un atentado contra los Derechos Humanos. Específicamente el artículo 16 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla sobre el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para llegar al matrimonio. Éste consiste en casar a una persona contra su voluntad y casi siempre está organizado por las familias que no respetan el sentir ni la opinión de las hijas y con frecuencia esta unión acaba en violencia y en ruptura familiar. El matrimonio forzado se debe distinguir de aquel que se produce entre dos personas que se casan por razones diversas y sin ningún proyecto de vida en común (penado por la ley) y el matrimonio arreglado en el que dos personas que se conocen se ponen de acuerdo para vivir juntas.

Tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención para la eliminación de las discriminaciones con las mujeres son claras sobre la edad legal del matrimonio: 18 años. A pesar de esto, se estima que 82 millones de niñas entre 10 y 17 años se casarán este año. Razones de tradición y de honor se mezclan a las necesidades económicas para mantener esta práctica, perpetrada en muchos casos haciendo uso de la violencia física y / o psicológica.

Los matrimonios a temprana edad constituyen una práctica social dañina. Forzar a las niñas a contraer matrimonio a edades tan tempranas como los 11 años, las priva de su infancia y de toda posibilidad de recibir educación, pero además, aumenta el riesgo de que se vean expuestas al abuso y la explotación. Adicionalmente, sus jóvenes cuerpos no se han desarrollado lo suficiente para mantener relaciones sexuales y sostener embarazos. Las niñas adolescentes son más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA/VHI. Muchas madres adolescentes, y con frecuencia sus bebés, mueren durante el parto. En muchas sociedades como las africanas, por ejemplo, las niñas son menos valoradas que los niños. Los padres consideran a sus hijas como cargas para el presupuesto del hogar, pero al mismo tiempo las ven como un objeto que pueden vender para mejorar el bienestar de la familia.

Pero esta práctica no sólo tiene lugar en algunos países menos favorecidos sino que persiste en algunas comunidades inmigrantes instaladas en Europa, en nombre de la costumbre o la religión, perpetuando las tradiciones o ritos. Según la Unidad de Matrimonios Forzados del Reino Unido (UMF), la mayoría de las miles de adolescentes en ese país que son víctimas o potenciales víctimas de casamientos obligados provienen de familias inmigrantes. En un contexto de migración, el matrimonio forzado hace que se confronten dos modelos de sociedades: la de los padres de la víctima, y la de la sociedad de acogida. El hecho de oponerse es un replanteamiento de la percepción dominante de la familia por uno de sus miembros

En muchos casos, las víctimas temen evitar los matrimonios forzados por miedo a represalias, incluidos los denominados “crímenes de honor”. Muchas de ellas no denuncian su situación o se retractan ante la presión de la familia, el miedo a la venganza o rechazan hablar con el argumento de que no quieren revivir experiencias traumáticas. Hay casos extremos en que se recurre a la violación como medio para presionar a las mujeres a contraer matrimonio. Muchas mujeres son amenazadas de muerte. Y aquellas mujeres que tratan de liberarse se encuentran una serie de obstáculos (la barrera del lenguaje, ruptura de lazos familiares, carencia de dinero y el hecho de no saber a dónde dirigirse) a la hora de denunciar su situación.

Por ello es importante la puesta en marcha de sistemas de alerta para avisar de casos de secuestro y retornos forzados o abusivos al país de origen y sobre todo, la prohibición total de las prácticas rituales contrarias a los derechos humanos. Y, a la par con ello, asegurar instrumentos para la detección, asistencia y reinserción social y profesional de las víctimas de este tipo de violencia.

Lo anterior también indica que es necesario entrenar de manera especializada al personal de policía, justicia y educación para detectar, derivar y atender este tipo de violencia contra la mujer. A la vez que es necesaria la creación de centros especializados y estudios de investigación que ayuden a conocer las causas del problema para poder definir mecanismos claros para su erradicación. No se debe olvidar que de esta práctica se derivan graves problemas sociales, en particular el aislamiento, la exclusión y la desigualdad.

En la actualidad en Catalunya no hay datos exactos sobre el número de matrimonios forzados que hayan ocurrido en su jurisdicción. Sin embargo, existe un protocolo que los Mossos d'Esquadra aplican para la prevención y atención policial de los matrimonios forzados, al constatar en 2008 la existencia de al menos una veintena de casos en Catalunya. Se sabe, además, que en la actualidad se están recogiendo datos para conocer el número y tipología de casos de bodas forzadas que se han conocido a través de comisarías, servicios sociales o escuelas. En ese sentido La Conselleria de Interior de la Generalitat ha elaborado un protocolo de actuación para prevenir los matrimonios forzosos que entró en vigor en junio de 2009, bajo el nombre de Procedimiento de Prevención y atención policial de los Matrimonios Forzados. En este documento surge también en el marco de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, en el artículo 5 sobre los ámbitos socio-comunitarios de la violencia machista, en donde se menciona los matrimonios forzados como una de las formas de violencia contra las mujeres.

En dicho documento se reconoce los matrimonios forzados como una práctica que continúa vigente en los países y comunidades de origen de algunas personas inmigradas a Catalunya. Sin embargo son pocos los casos que se han abordado como resultado de denuncias interpuestas por las propias víctimas y personas de su entorno. Una de las grandes dificultades a la hora de detectar los casos es la situación de vulnerabilidad de la menor o la mujer que está en un núcleo familiar de riesgo por ello las víctimas han de trascender ese núcleo para buscar protección y ello implica el uso de un gran valor y madurez a la hora de contradecir los planteamientos familiares (Procedimiento de Prevención y Atención policial de los Matrimonios Forzados; 3).

La práctica de los matrimonios forzados es muy extendida en países del África subsahariana, Norte de África, Próximo y Lejano Oriente, Asia Meridional, América Latina y también dentro de los colectivos de etnia gitana de diversa procedencia. Sin embargo la influencia de esta forma de violencia contra las mujeres puede ser más amplia puesto que en la actualidad las disposiciones legales sobre dicho tópico son más simbólicas que penales. Esta conducta no se penaliza.

En cuanto a las causas de los matrimonios forzados son múltiples. Dentro de ellas se puede mencionar, por ejemplo, el interés por reforzar los vínculos familiares; asegurar las riquezas y bienes; solucionar conflictos entre etnias o entre familias, cumplir con obligaciones o promesas antiguas; proteger ideales percibidos como culturales o religiosos; controlar la sexualidad de las menores o mujeres cuando entran en la edad reproductiva; como estrategia errónea de protección de la menor o la mujer que pasan a depender de la familia del marido y podrá tener hijos legítimos; explotación sexual o laboral; en situaciones de migración, ayudar a la consecución de permisos de residencia y nacionalidad, etc. (Ibid, 5). Es de resaltar en este último punto que los flujos migratorios han permitido que personas que desarrollan su proyecto de vida en Catalunya y en países europeos, algunas veces lleven a cabo esta práctica en un contexto en el que antes no se conocía.

En la violencia machista, especialmente cuando existe un vínculo emocional, el agresor se aprovecha de la indefensión y vulnerabilidad de su víctima. En el caso de los matrimonios forzados es importante tener en cuenta algunos factores que se relacionan con esta situación de desprotección de la niña o la mujer y que tienen que ver con la falta de redes sociales a parte de la familia; el desconocimiento de sus derechos y de los recursos sociales; la invisibilización social y la falta de conocimiento sobre esta problemática; las posibles barreras lingüísticas, etc.

Este tipo de práctica tiene graves consecuencias para el desarrollo integral de las mujeres no sólo en la esfera física si no también psicológica. Dentro de ellas se pueden mencionar: distintas formas de agresión; privaciones materiales y afectivas; el sexo no consensuado, es decir, la violación; la imposibilidad de continuar la escolaridad; el aislamiento y la reclusión ilegal en el hogar; los embarazos no deseados.

En síntesis, los matrimonios forzados conforman la pérdida de la autonomía en el desarrollo personal, psicológico, sexual y social de la mujer, se constituyen en una violación fragrante de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Según Amnistía Internacional, la violencia contra las mujeres viola el derecho de las mujeres a la vida, la integridad física y mental y el nivel más alto posible de salud, así como su derecho a no ser torturadas y a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. La defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es fundamental para prevenir la violencia de género y ponerle fin. Los derechos humanos de las mujeres y las niñas también corren peligro cuando no se hace frente a la violencia de género contra ellas y cuando se niega a las supervivientes el acceso a todos los recursos de reparación a los que tienen derecho.